Puerto Libertad II: los 2,800 megavatios que quieren cambiar el destino energético de México — y las preguntas que nadie está respondiendo
Puerto Libertad, Sonora, 4 de julio de 2026 — El…
Autor: Redaccion Lexo julio 4, 2026
Puerto Libertad, Sonora, 4 de julio de 2026 — El desierto de Sonora, uno de los lugares más soleados del planeta con una irradiación solar que promedia 6.2 kilovatios-hora por metro cuadrado al día, será el escenario de lo que la Comisión Federal de Electricidad ha calificado como «el proyecto de energía solar más ambicioso en la historia de América Latina». Puerto Libertad II, un mega parque fotovoltaico de 2,800 megavatios de capacidad instalada —equivalente a la electricidad que consumen 1.5 millones de hogares mexicanos—, recibió este martes la colocación de su primera piedra en una ceremonia encabezada por el director general de la CFE, Manuel Bartlett, y la virtual presidenta electa.
La inversión total asciende a 3,400 millones de dólares, financiados en un 40% por la banca de desarrollo —Nafin, Bancomext y el Banco Mundial— y en 60% con recursos de la empresa estatal. El proyecto entrará en operación en dos fases: la primera, de 1,200 MW, en diciembre de 2027, y la segunda, con los 1,600 MW restantes, en junio de 2028. La energía generada será transmitida a través de una nueva línea de transmisión de alta tensión —800 kilómetros de cable y torres que atravesarán Sonora, Sinaloa y Durango— hacia el Bajío y el centro del país, las regiones con mayor demanda industrial y donde los apagones de los últimos dos veranos pusieron en evidencia la fragilidad de la red eléctrica nacional.
Pero los focos rojos empiezan a encenderse cuando se mira más allá de los números de capacidad instalada. El primero es ambiental: el parque solar ocupará 4,200 hectáreas de desierto sonorense, un ecosistema frágil que alberga especies endémicas como el berrendo sonorense, la tortuga del desierto y al menos 15 especies de cactus que no existen en ningún otro lugar del mundo. La Manifestación de Impacto Ambiental, aprobada por Semarnat en tiempo récord —seis meses, cuando el promedio para proyectos de esta escala es de 18— ha sido criticada por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace México, que señalan que el estudio de biodiversidad se realizó en una sola temporada del año y no contempla el impacto acumulativo de otros proyectos energéticos en la región.
El segundo foco rojo es social e indígena. En las cercanías del proyecto habitan comunidades seris y yaquis —pueblos originarios con territorios reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales— que, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, no fueron consultados de manera adecuada. La consulta previa, libre e informada, obligatoria bajo el Convenio 169 de la OIT —del que México es signatario—, se realizó en dos asambleas comunitarias en marzo de 2026, pero líderes seris consultados para este reportaje denuncian que la convocatoria no siguió los protocolos tradicionales de toma de decisiones y que las traducciones al seri y al yaqui fueron deficientes. «Nos mostraron una presentación de PowerPoint en español, con planos que nadie podía leer y nos dijeron que firmáramos. Eso no es consulta, eso es un trámite», dice un integrante del consejo de ancianos seri que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
El tercer foco rojo es el más incómodo: la CFE, siendo una empresa estatal con finanzas crónicamente deficitarias —en 2025 reportó pérdidas por 118 mil millones de pesos antes de transferencias gubernamentales—, está contrayendo deuda por 2,040 millones de dólares adicionales para financiar el proyecto. En un contexto donde las calificadoras Moody’s y Fitch mantienen la deuda soberana de México en grado de inversión pero con perspectiva negativa, y donde la deuda de Pemex y CFE es sistemáticamente señalada como un riesgo fiscal de primer orden, la pregunta no es si el parque solar es necesario —lo es, y mucho— sino si la estructura financiera con la que se está construyendo es la más eficiente, o si sería más sensato un esquema de asociación público-privada que comparta el riesgo con el sector privado y libere recursos fiscales para otras prioridades. El gobierno ha respondido que la CFE «tiene la capacidad financiera y técnica para ejecutar el proyecto por sí misma». El tiempo —y las calificadoras— dirán si esa apuesta es correcta.
— Investigación y redacción: Lexo Noticias