120 mil millones de razones para modernizar la red eléctrica: el diagnóstico del BID sobre la transición energética mexicana
CDMX, 18 de julio de 2026 — Si la transición…
Autor: Redaccion Lexo julio 18, 2026
CDMX, 18 de julio de 2026 — Si la transición energética mexicana fuera un paciente en una sala de urgencias, el diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado este lunes en un informe de 180 páginas elaborado en colaboración con la Secretaría de Energía, sería contundente: el paciente necesita una cirugía mayor y la cuenta del hospital asciende a 120 mil millones de dólares entre 2025 y 2035. Desglosada en tres rubros, la factura incluye 45 mil millones para ampliar y digitalizar la red de transmisión y distribución eléctrica; 50 mil millones para el despliegue de energías renovables, almacenamiento y generación distribuida; y 25 mil millones para programas de eficiencia energética en edificios, alumbrado público y transporte.
El dato que mejor resume la magnitud del desafío es este: hoy, solo el 29% de la electricidad generada en México proviene de fuentes limpias —solar, eólica, nuclear, hidroeléctrica, geotermia—, una proporción prácticamente idéntica a la de 2018 y muy lejos de la meta del 35% comprometida para 2024 en la Ley de Transición Energética y del 50% al que México se comprometió en su Contribución Determinada a Nivel Nacional bajo el Acuerdo de París para 2035. Para alcanzar esa meta, el país necesitaría instalar, en la próxima década, el equivalente a toda la capacidad renovable que ha instalado en su historia, y volverlo a hacer, y luego una vez más. No es imposible —China añadió 300 gigavatios de solar y eólica solo en 2025—, pero requiere un marco regulatorio, financiero y de planeación que México, hasta ahora, no ha construido.
El informe del BID —dirigido por Juan Pablo Bonilla, gerente de cambio climático y desarrollo sostenible para América Latina del organismo— es, a ratos, un ejercicio de diplomacia técnica: reconoce los avances (la reforma al despacho eléctrico, la nueva Ley de Hidrógeno Verde, la creación de LitioMx), señala las carencias con eufemismos cuidadosamente calibrados («persisten áreas de oportunidad en la certidumbre regulatoria para la inversión privada») y evita mencionar explícitamente los obstáculos políticos (la resistencia de la CFE a ceder terreno en generación, la falta de independencia efectiva del CENACE, los amparos que frenan proyectos renovables en varias regiones). Pero aún en su lenguaje medido, el mensaje es claro: sin inversión privada masiva —fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de infraestructura internacionales—, los 120 mil millones simplemente no aparecerán. Y sin un marco regulatorio estable y predecible, esos fondos buscarán otros destinos.
«México tiene ventajas competitivas excepcionales para la transición energética: radiación solar de clase mundial, viento, recursos geotérmicos, acceso a dos océanos, una base industrial manufacturera que puede absorber tecnología renovable y una ubicación geográfica adyacente al mayor mercado energético del mundo. Pero las ventajas competitivas no se convierten solas en inversión. Requieren políticas públicas que las activen», escriben los autores en la introducción del informe. «La ventana de oportunidad es finita. Los flujos globales de inversión en energía limpia alcanzaron 1.8 billones de dólares en 2025. México captó apenas el 0.6% de ese total. El potencial para crecer es enorme, pero el tiempo para hacerlo no lo es».
— Investigación y redacción: Lexo Noticias