Justicia con perspectiva de género: los 32 juzgados especializados que buscan revertir décadas de impunidad en violencia contra las mujeres
CDMX, 7 de julio de 2026 — Cada día, entre…
Autor: Redaccion Lexo julio 7, 2026
CDMX, 7 de julio de 2026 — Cada día, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas en México. En 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 3,842 mujeres víctimas de homicidio doloso, de las cuales solo 827 fueron clasificadas como feminicidios —porque la tipificación penal del feminicidio, introducida en el Código Penal Federal en 2012, ha resultado ser una herramienta tan imperfecta que la mayoría de los asesinatos de mujeres siguen registrándose como «homicidios simples», diluyendo la magnitud real del fenómeno en las estadísticas. A partir de este lunes, las 32 entidades federativas cuentan con al menos un juzgado especializado en violencia de género, un paso que las organizaciones feministas reconocen como necesario pero que, advierten, está lejos de ser suficiente.
Los juzgados especializados —creados por mandato de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en diciembre de 2025— operan con un diseño institucional distinto al de los juzgados penales tradicionales. Cada tribunal cuenta con personal capacitado en perspectiva de género —800 jueces, juezas y personal administrativo fueron formados durante el primer semestre de 2026 con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres—, salas de videoconferencia diseñadas para que la víctima pueda declarar sin estar en la misma sala que el agresor, y protocolos de protección inmediata que permiten emitir órdenes de alejamiento y medidas cautelares en menos de 24 horas, en lugar de las dos a tres semanas que tomaba en el sistema tradicional. Cada juzgado cuenta además con trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas especializadas para brindar atención integral a las víctimas desde el primer contacto.
Pero la implementación es profundamente desigual. La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán ya operan con estándares cercanos a lo que la ley establece: personal capacitado, infraestructura adecuada y protocolos probados. En el otro extremo, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Oaxaca han designado nominalmente un juzgado como «especializado» —cumpliendo formalmente con el mandato— pero en la práctica esos juzgados operan en los mismos edificios, con el mismo personal sin capacitación suficiente y con presupuestos que no alcanzan para contratar psicólogas ni trabajadoras sociales. «La brecha entre el diseño institucional y la realidad operativa es abismal», dice en entrevista con este medio Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres. «No basta con cambiarle el nombre a un juzgado y poner un letrero que diga ‘especializado en violencia de género’. Lo que se necesita es presupuesto, capacitación continua, supervisión externa y, sobre todo, voluntad política para que estos juzgados funcionen».
La Secretaría de Gobernación anunció un fondo adicional de 800 millones de pesos para cerrar las brechas de implementación en 2027, pero el presupuesto —equivalente a menos de 25 millones de pesos por estado— es reconocidamente insuficiente. Mientras tanto, cada día, 10 mujeres no regresan a casa en México. Los juzgados especializados son una herramienta necesaria. Pero sin el respaldo de un sistema de prevención, protección policial, ministerios públicos capacitados y refugios suficientes, son una herramienta que llega —en el mejor de los casos— cuando la violencia ya ha ocurrido.
— Investigación y redacción: Lexo Noticias