Adiós a 32 códigos procesales: el nuevo sistema de justicia civil y familiar que busca sacar a México del siglo XIX
CDMX, 10 de julio de 2026 — Imagínese un juicio…
Autor: Redaccion Lexo julio 10, 2026
CDMX, 10 de julio de 2026 — Imagínese un juicio civil en el México de 2025. Un ciudadano demanda a su arrendatario por falta de pago de renta. El abogado redacta una demanda en papel, la presenta en la oficialía de partes, el expediente se forma con hojas cosidas a mano —literalmente, con aguja e hilo—, las notificaciones se hacen por correo certificado o mediante un actuario que se desplaza físicamente al domicilio del demandado, y cada escrito, cada promoción, cada oficio se agrega al expediente en papel. El juicio dura, en promedio, 18 meses. En algunos estados, dura tres años. Si el demandado apela, otros dos años. Y si el caso llega al amparo, la cuenta se pierde en los pasillos del Poder Judicial.
Ese mundo, que parece sacado de una novela de Dickens pero era la realidad cotidiana de la justicia civil y familiar mexicana hasta la semana pasada, quedó formalmente superado este miércoles, cuando entró en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aprobado por el Congreso de la Unión en 2024 pero con un periodo de gracia de dos años para su implementación, el código unifica en un solo ordenamiento 32 códigos procesales estatales —cada uno con sus propias reglas, plazos, formalidades y caprichos— y establece tres principios que transforman la naturaleza misma del sistema: la oralidad (las audiencias serán predominantemente orales, con juez presente), la digitalización (los expedientes se integrarán electrónicamente y las notificaciones serán prioritariamente digitales), y la justicia en línea (los ciudadanos podrán presentar demandas, dar seguimiento a sus casos y consultar expedientes a través de un portal de internet, sin necesidad de acudir físicamente a un juzgado).
El cambio es de una magnitud difícil de exagerar. Hasta ahora, cada estado tenía su propio código procesal civil y familiar, lo que significaba que un divorcio se tramitaba de manera completamente distinta en Tamaulipas que en Michoacán, con reglas, plazos y formalidades diferentes. Un abogado civil que ejercía en Puebla no podía tomar un caso en Veracruz sin estudiar primero el código procesal local. Para las empresas con operaciones en todo el país —bancos, aseguradoras, desarrolladoras inmobiliarias—, litigar en México era como hacerlo en 32 países distintos. El nuevo código elimina esa dispersión y establece reglas uniformes para todo el país.
Pero la brecha entre el texto legal y la realidad operativa es, como casi siempre en México, el verdadero desafío. El Consejo de la Judicatura Federal estima que la implementación plena tomará entre 18 y 24 meses, durante los cuales se capacitará a más de 15 mil jueces, magistrados y personal jurisdiccional. Pero esa capacitación requiere presupuesto, infraestructura tecnológica —servidores seguros, plataformas de videoconferencia, sistemas de firma electrónica— y, sobre todo, conectividad a internet. Para un ciudadano de una comunidad rural en la sierra de Oaxaca, donde la señal de internet es intermitente o inexistente, la promesa de «justicia digital» puede convertirse en una barrera más, no en una solución. «La digitalización de la justicia es indispensable, pero no puede hacerse a costa de excluir a los más pobres», advierte el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en un análisis del nuevo código publicado esta semana. «Se necesitan puntos de acceso público a internet, módulos de apoyo en comunidades rurales y, sobre todo, un periodo de transición que mantenga la posibilidad de presentar escritos en papel para quienes no tienen acceso digital. De lo contrario, estaremos cambiando un sistema excluyente del siglo XIX por otro excluyente del siglo XXI».
— Investigación y redacción: Lexo Noticias