El costo de desmantelar el Estado: lo que la austeridad se llevó y lo que costará reconstruir
Opinión — 3 de julio de 2026 — Entre 2018…
Autor: Redaccion Lexo julio 3, 2026
Opinión — 3 de julio de 2026 — Entre 2018 y 2024, el gobierno mexicano implementó la política de austeridad más radical en la historia moderna del país. Se redujeron salarios de altos funcionarios, se eliminaron plazas de primer nivel, se extinguieron 120 fideicomisos públicos, se recortaron presupuestos de embajadas, agencias reguladoras, centros de investigación, fiscalías especializadas, órganos autónomos. La narrativa fue poderosa y electoralmente imbatible: «se acabaron los privilegios de la burocracia dorada». La realidad, cuatro años después del fin de esa administración, es más compleja y menos heroica: el ahorro fiscal fue modesto —entre 0.3% y 0.5% del PIB anual— y el daño institucional fue profundo, en muchos casos irreversible en el corto plazo.
No se trata de idealizar el viejo régimen. La administración pública mexicana del periodo 2000-2018 era, en efecto, excesivamente onerosa en su cúpula, plagada de duplicidades y en buena medida capturada por intereses privados. Había que reformarla. El problema no fue el diagnóstico —compartido por expertos de izquierda y derecha— sino el método: en lugar de una cirugía de precisión que eliminara grasa y preservara músculo, se aplicó una motosierra que cortó ambas cosas indiscriminadamente. Se perdieron capacidades institucionales que tomaron décadas construir: equipos de investigación científica que trabajaban desde los años 90, cuerpos diplomáticos con conocimiento especializado de regiones del mundo donde México hoy carece de representación efectiva, agencias regulatorias con ingenieros que entendían los mercados energético y de telecomunicaciones mejor que nadie en el país.
Los ejemplos son numerosos y dolorosos. La desaparición del Instituto Nacional de Ecología dejó a México sin capacidad técnica propia para evaluar el impacto ambiental de grandes proyectos de infraestructura, obligando al gobierno a contratar consultorías externas —a menudo más caras que mantener el instituto— o simplemente a aprobar proyectos sin evaluación adecuada. El desmantelamiento de las agencias reguladoras —CRE, CNH, IFT— ha dejado sectores estratégicos sin árbitros técnicos creíbles, generando incertidumbre jurídica que aleja inversiones. La eliminación de plazas en el Servicio Exterior Mexicano debilitó la capacidad de negociación diplomática en un momento en que la relación con Estados Unidos —el socio comercial del T-MEC— requería todo el talento disponible.
Reconstruir el Estado no significa regresar al dispendio ni a los «privilegios de la burocracia dorada». Significa entender que hay gasto público que no es gasto: es inversión. Un regulador energético con ingenieros bien pagados y protegidos de presiones políticas. Un servicio exterior de carrera que forme diplomáticos durante décadas. Un Conahcyt que financie ciencia básica y aplicada con criterios de excelencia, no de proximidad política. Un sistema de salud pública con suficientes médicos, enfermeras y medicamentos. Eso cuesta dinero, sí. Pero el costo de no tenerlo —las vidas perdidas por falta de medicamentos, las inversiones que se van a otro país, los tratados comerciales que se negocian mal— es mucho, mucho mayor. La austeridad como dogma ya demostró su límite. Toca ahora la parte difícil: gastar bien. Y para gastar bien, primero hay que recaudar bien. Y para recaudar bien, hay que tocar privilegios fiscales que ninguna administración ha querido tocar.
— Análisis: Lexo Noticias