Propuesta de Reforma a la Ley de Telecomunicaciones genera polémica por posibles riesgos a la libertad de expresión
Una de las iniciativas legislativas más controvertidas de este año…
Autor: Redaccion Lexo abril 25, 2025
Una de las iniciativas legislativas más controvertidas de este año es la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el gobierno federal, que busca sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La reforma ha sido cuestionada por diversos sectores sociales, académicos y especialistas en derechos digitales, quienes advierten sobre un posible retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información.
¿Qué plantea la reforma?
Entre los puntos más relevantes se encuentra la creación de la ATDT, un nuevo organismo que concentraría facultades como la asignación de concesiones, la regulación del espectro radioeléctrico, la supervisión de contenidos y la potestad de emitir lineamientos para el uso de plataformas digitales.
El artículo 109 de la propuesta ha sido especialmente criticado, ya que contempla la posibilidad de que dicha agencia pueda bloquear plataformas digitales sin necesidad de orden judicial. Según el texto, el bloqueo podría realizarse con base en criterios que la propia agencia definiría, lo que ha sido calificado por expertos como un grave riesgo de discrecionalidad y censura.
Asimismo, se incluye una disposición que prohíbe la transmisión de propaganda política financiada por gobiernos extranjeros, estableciendo sanciones económicas de hasta el 5% de los ingresos anuales de los concesionarios que incumplan esta medida, salvo que se trate de fines culturales o turísticos.
Reacciones y críticas
Organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) y académicos de distintas universidades han manifestado su preocupación por el impacto que esta reforma tendría en el ecosistema digital mexicano. Consideran que centralizar estas funciones en una sola agencia bajo el control del Ejecutivo elimina los contrapesos necesarios para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.
También se ha señalado la ambigüedad en los criterios para aplicar los bloqueos, lo que abriría la puerta a posibles abusos o usos con fines políticos.
Respuesta del gobierno
En respuesta a la ola de críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reforma tenga intenciones censoras. Argumentó que el objetivo es proteger la soberanía digital del país frente a intereses extranjeros y garantizar una mejor regulación del espacio digital. Asimismo, reconoció que algunos artículos requieren una revisión para evitar malas interpretaciones y se comprometió a dialogar con especialistas y legisladores.
Un debate abierto
Hasta el momento, la reforma se encuentra en proceso legislativo. Su avance dependerá del consenso que logren los legisladores en ambas cámaras del Congreso. En tanto, organizaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanos continúan atentos a las implicaciones de esta medida.
La discusión se enmarca en un contexto global donde los gobiernos enfrentan el reto de regular los entornos digitales sin vulnerar los derechos humanos. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la regulación legítima y la garantía de libertades esenciales como la expresión, el acceso a la información y la participación democrática.