Jueces en campaña: el experimento mexicano de elegir al Poder Judicial por voto popular y lo que hemos aprendido en un año
Opinión — 5 de julio de 2026 — En julio…
Autor: Redaccion Lexo julio 5, 2026
Opinión — 5 de julio de 2026 — En julio de 2025, México hizo algo que ningún país del tamaño y la complejidad del suyo había intentado antes: someter a elección popular a todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial —más de 1,600 cargos a nivel federal y estatal—, eliminando de un plumazo el sistema de carrera judicial que, con todos sus defectos, había operado durante décadas. Doce meses después, el balance es, como casi todo en México, una mezcla de logros inesperados y problemas previsibles que exigen correcciones urgentes.
Empecemos por lo que funcionó. La participación electoral —48% del padrón en la elección federal de 2025, 42% en promedio en las elecciones locales— fue más alta de lo que los críticos más agoreros anticipaban. Contrario a la narrativa de que «a nadie le importan los jueces», los ciudadanos sí acudieron a las urnas cuando se les presentaron candidaturas judiciales con perfiles identificables y campañas de información cívica. Varios jueces electos en distritos locales —particularmente en zonas urbanas con alta densidad de organizaciones civiles, como la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán— han mostrado en sus primeros meses de gestión una mayor sensibilidad hacia problemáticas como la violencia doméstica, los desalojos ilegales, la contaminación industrial y los abusos de autoridades locales, comparados con jueces designados bajo el sistema anterior. La rendición de cuentas electoral, al menos en teoría, incentiva a los jueces a atender los problemas que preocupan a sus electores.
Pero las señales de alarma son igualmente visibles y potencialmente devastadoras. El financiamiento de las campañas judiciales sigue siendo una caja negra: la ley establece topes de gasto y prohíbe las donaciones privadas, pero la fiscalización ha sido débil y los reportes de financiamiento paralelo —de sindicatos, de empresas, de grupos de interés— abundan. En al menos seis estados —Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Veracruz y Chiapas— hay investigaciones en curso por presuntos vínculos entre candidatos a jueces y grupos del crimen organizado. Doce jueces electos enfrentan procesos de desafuero o suspensión por estos señalamientos, pero la investigación avanza con lentitud y los jueces siguen en sus cargos mientras se resuelven los procesos.
El problema de fondo es conceptual: someter a los jueces al voto popular parte de la premisa de que la justicia debe reflejar la voluntad popular. Pero la función de un juez en una democracia constitucional no es reflejar la voluntad de las mayorías: es proteger los derechos de todos —incluidos los de las minorías impopulares, los acusados de delitos, los disidentes políticos— frente al poder del Estado y frente a las propias mayorías. Un juez que sabe que en tres años se enfrentará al electorado puede verse tentado —consciente o inconscientemente— a dictar sentencias que satisfagan a la mayoría, no las que dicte el derecho. La independencia judicial no se garantiza con urnas: se garantiza con contrapesos institucionales, carrera judicial blindada, protección contra represalias y un sistema de evaluación del desempeño que premie la calidad jurídica, no la popularidad. El experimento mexicano ha producido resultados mixtos. Corresponde al nuevo gobierno y al nuevo Congreso hacer los ajustes que la evidencia —no la ideología— recomiende.
— Análisis: Lexo Noticias